Por Germán Ávila, ponencia realizada para el Segundo Encuentro Surcolombiano
La situación del suroccidente colombiano es tal vez una de las más complejas de un país en general complejo; esta región muestra contradicciones sociales muy marcadas que van desde la marginalidad absoluta de una inmensa parte del Putumayo, hasta el espejismo del desarrollo social e industrial del Valle del Cauca, con Cali como una de las tres ciudades más importantes del concierto nacional urbanístico.
Los elementos por abarcar son muchos y muy variados, su multiculturalidad y amplitud étnica que como en pocas partes une a afro descendientes e indígenas o su inmensa riqueza natural que ha despertado la avaricia de los poderosos del mundo entero por medio de macro proyectos son solo dos; sin embargo solo se tocarán de manera tangencial estos y otros aspectos para delimitar el análisis.
Esta región a lo largo de la historia se ha caracterizado por vivir un clima social y político agitado, impulsado por factores como el atraso de las zonas rurales, la persecución que por siglos afectó a las comunidades indígenas y el increíble arraigo del ultra conservadurismo representado por un reducido número de familias dueñas de tierras e industrias que han pasado por encima de los pobladores aumentando la marginalidad urbana y rural.
La explotación de los obreros fabriles e industriales, la posesión de la tierra en manos de hacendados que han usufructuado por siglos el trabajo de jornaleros e indígenas despojándolos de sus tierras y reduciendo los territorios ancestrales a su mínima expresión, han sido la base de un conflicto alimentado por el narcotráfico, pero no visto desde la perspectiva que señala a las comunidades como las responsables de este flagelo, cuando realmente son sus primeras víctimas.
Los cultivos de coca han hecho parte del elemento cultural precolombino, sin embargo se han señalado de una manera metafísica a las plantas como el elemento corruptor de las sociedades, no entendiendo que “la que mata no es la mata, la que mata es la gente”. Otro gran error en este tema es que los sucesivos gobiernos desde hace décadas han llamado equívocamente los cultivos comunitarios como “cultivos industriales”, convirtiéndolos en blanco de la acción estatal con medidas como la extinción de dominio, que profundiza el ya grave problema del desplazamiento de las comunidades, pero que en nada toca la raíz de la marginalidad social imperante.
El daño a la naturaleza generado por la dinámica de la producción y la erradicación expuesto por el estado ha negado la inocultable realidad de las fumigaciones con glifosato como factor que atenta contra las comunidades, quemando cultivos de manera indiscriminada y desplazando familias. Una muestra de la ceguera estatal frente a este tema que considera prioritario para su agenda mundial, es que parece no haberse detenido a entender las cifras: en 1998 había 90.000 hectáreas sembradas de coca y amapola, han erradicado entre ese año y el 2008 1.566.679 hectáreas, pero en diciembre del 2007 habían 99.000 hectáreas sembradas de sólo coca en 23 de los 32 departamentos, siendo los dos mayores Nariño y el Putumayo (datos tomados de las páginas web de la Dirección Nacional de Estupefacientes y la Cancillería la Nación)
La presencia del Estado en los lugares marginados se ha limitado a la permanencia de la Fuerza Pública, el componente social de dicha presencia ha sido un espejismo reflejado en las limosnas de los programas estatales que no corrigen de manera estructural las deficiencias producidas por siglos de abandono, la educación, la salud, la infraestructura vial, la tenencia de la tierra y las posibilidades de cultivarla y comerciar los productos a precios justos, siguen siendo aspectos paliados con medio salario mínimo regalado a familias que se aferran a ese “peor es nada”.
El suroccidente ha sido tal vez la única región del país que desde su historia republicana ha tenido todos los actores del conflicto desde su expresión armada, fue el protagonista de la desmovilización de una parte importante de los movimientos insurgentes de los años ´80 y sufrió con rigor la expansión de los grupos paramilitares financiados por sus más sobresalientes ciudadanos; el discurso del terrorismo financiado por el narcotráfico ha sido el garrote con el que esta región del país ha sido golpeada en los últimos años mientras ha tenido que sufrir en primera fila la desfachatada unidad de cuerpo y acción de los paramilitares con las fuerzas del estado y sus políticos; los últimos reprochables hechos cometidos por el Ejército Nacional en el seno de la comunidad A´wa son una inequívoca muestra de ello y la utilización de la base de Bahía Málaga por militares norteamericanos indiscutiblemente profundizará este tipo de “incidentes” .
Las cifras de la seguridad democrática hablan de las victorias en el campo de batalla contra la insurgencia declarándola al borde de la extinción, sin embargo se les señala de ser los responsables de todo cuanto ocurre y su persecución es excusa suficiente para atropellar a la población con detenciones masivas o controles de acceso a alimentos y personas que no son otra cosa que sitiar de manera medieval a la población y gracias a todo eso la paranoia ahora hace parte de la cotidianidad y quien le saca provecho es el estado; pero uno de los elementos más delicados de dicha situación ha sido vincular de manera directa a la población civil en el conflicto por medio de las redes de cooperantes, informantes y el ofrecimiento de recompensas, desfigurando por completo el papel de la justicia y generando un comercio con la vida.
El planteamiento de que la guerrilla es una gran organización dedicada al narcotráfico se ha sostenido únicamente desde la repetición de la retahíla diaria de los noticieros, pero en la realidad su influencia más allá de las zonas de cultivo está totalmente desvirtuada; los comerciantes medianos y grandes de cocaína hacia el exterior continúan siendo los herederos de los emporios que han reemplazado a los grandes capos por caciques locales con protección y grandes influencias estatales, que quitan y ponen senadores, ministros, diputados y alcaldes y quienes orbitan alrededor de ellos realmente son los paramilitares.
Las intenciones del gobierno de avanzar en espacios para un acercamiento entre las partes son nulas, no solo porque desconoce la existencia de un conflicto del que se alimenta en lo militar y lo político, sino porque todo esfuerzo de la contraparte frente a ese tema es torpedeado hasta el fracaso, un ejemplo claro es que desde el momento en que las FARC proponen a Florida y Pradera como posible zona de encuentro para un intercambio, estos dos municipios han sido víctimas de los hostigamientos de la fuerza pública por medio del acoso a los pobladores, bombardeos, ametrallamientos y señalamientos que se han caído de su propio peso, lo que a la larga termina generando el rechazo de la comunidad a cualquier esfuerzo en este sentido.
Pero la cacería del gobierno es contra la oposición, armada o no, lo que esté por fuera de este marco no existe; la seguridad democrática es en forma y esencia una política de sostenimiento del statu quo, el número de opositores asesinados desde el inicio del gobierno Uribe ha aumentado con respecto a años anteriores, sin embargo en las cifras del gobierno los homicidios no relacionados directamente al conflicto durante los últimos seis años había disminuido en un 30%(salvo en Nariño, Meta y Atlántico)
[2], cifras que habían servido para sustentar el discurso de la seguridad democrática; pero la realidad hoy muestra la fragilidad de la “calma chicha”, tras la extradición de los comandantes paramilitares el índice de homicidios se disparó casi al doble en el primer semestre de 2009 con respecto al mismo periodo del año anterior[3], el sicariato en todo el territorio de nuevo está a la orden del día y la criminalidad no relacionada a asesinatos (robos callejeros, paseos millonarios, atracos a mano armada a almacenes, instituciones bancarias, etc.) es uno de los más altos de los últimos 30 años. Colombia no es un país seguro.
Sin embargo el suroccidente es en medio de todo una de las que mayor respuesta social ha generado en la última etapa, la minga, los corteros y los procesos de unidad entre otros muestran que el pulso de la resistencia está vivo y late en las venas de la tierra, desde el Pacífico hasta la selva Amazónica, la propuesta llama a generar unidad desde la base de los procesos; Afro descendientes, mujeres, indígenas, estudiantes, obreros y campesinos, es necesario dejar de proclamarse cada uno por su parte como el sector más golpeado por el conflicto y abrir las puertas a la unidad en la acción hacia el futuro.
La crisis con Ecuador es otro aspecto que ahonda las ya difíciles condiciones de la población de la frontera, los sectores sociales del suroccidente deben movilizarse alrededor de la premisa de la claridad por parte del gobierno Colombiano ante los hechos en cuestión y el reconocimiento de la violación de la soberanía Ecuatoriana, no puede haber normalidad mientras no haya verdad; la arrogancia burocrática desde la Casa de Nariño debe ser derrumbada por la voz de las comunidades, ante ellas no hay mentira que se sostenga.
ATAHUALPA
