ALGUNAS DUDAS SOBRE LA PARAPOLITICA



Por Germán Ávila

Indiscutiblemente el elemento predominante en la segunda administración del presidente Álvaro Uribe ha sido la profunda implicación que una enorme cantidad de miembros del estado ha tenido con grupos paramilitares.

No parece haber tregua en el tema de la "parapolítica", los funcionarios implicados son muchos y cada día hay nuevos elementos probatorios que acaban de hundir a los que ya están implicados. Lo que empezó siendo como un "mal" focalizado principalmente en los departamentos de la costa atlántica a raíz del llamado "pacto de Santafé de Ralito", terminó involucrando funcionarios de todo el país.

Dentro de la estructura estatal concebida para Colombia por la Constitución de 1991, donde se sostiene el modelo de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) no hay una sola instancia que no haya sido, por lo menos mencionada, en algún momento en un proceso de este tipo: concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, congresistas, fiscales, ministros y por supuesto el mismo presidente.

Siendo tan complejo el panorama y tantas las "ollas" destapadas, podría decirse a primera vista que la justicia está actuando cuando pone al descubierto las irregularidades que se han dado a conocer en los últimos 3 años; sin embargo hay elementos que no dejan de causar curiosidad al tratar de revisar con un poco mas de escepticismo todo ese tema.

Uno de los aspectos que causa un poco de curiosidad es que, si bien la parapolítica ha filtrado todas las esferas del estado, en la escala nacional se ha enfocado principalmente en la rama legislativa, ya que la mayor parte de implicados son o fueron Congresistas, mientras que a pesar de haber pruebas materiales y testimoniales que vinculan de manera aun mas directa la Fuerza Pública en la comisión y encubrimiento de delitos asociados al paramilitarismo, el número de efectivos y retirados investigados y privados de la libertad por estos hechos no ha sido puesto de presente con tanta fuerza.

Por otro lado está el caso de la rama ejecutiva, donde las vinculaciones vienen determinadas exclusivamente por lazos de consanguinidad, en cabeza del mismo presidente, quien tuvo privado de la libertad a un primo hermano o el ministro del Interior y de Justicia, cuyo hermano fue detenido y está siendo investigado por sus posibles nexos con la "oficina de cobros de Envigado" o la ex canciller María Consuelo Araujo, quien a diferencia del ministro Valencia Cossio, renunció pocos días después de saberse que su hermano Álvaro Araujo, había sido detenido por el mismo tema en otra región.

En estos casos, mas allá de las razones morales y éticas que el Derecho Político Internacional plantea para un gobernante, no parece haber ningún otro tipo de vínculo, pareciera que no existieron reuniones o acuerdos entre ningún miembro del ejecutivo con los paramilitares y que todos estos episodios no pasan de ser un impase de tipo familiar, lo cual teje un manto de duda sobre la objetividad de los procesos tocantes a miembros de esta rama del poder en particular.

Pero de todo, lo que mas llama la atención es la completa dependencia de la justicia hacia los jefes paramilitares desmovilizados, pues un gran porcentaje de los implicados hasta ahora son el resultado del testimonio temprano o tardío de alguno de dichos jefes, mientras que los procesos investigativos de recolección de pruebas, pesquisas y todo lo relativo al actuar independiente de la justicia, no ha arrojado resultados concretos, situación que se ve confirmada en la clara disminución de las nuevas implicaciones desde la repentina extradición de los 13 jefes paramilitares mas emblemáticos en medio de uno de los capítulos mas sui generis de la política nacional en toda su historia republicana, lo cierto parece ser es que este episodio aún está lejos de cerrarse.